Rechazo ciudadano a la ley de amnistía

Los ciudadanos no tragan con la ley de amnistía. Así lo demuestra la última encuesta donde casi el 60% de los españoles rechaza esta medida de gracia aprobada por el Gobierno, tras el pacto de investidura con las formaciones independentistas. Pedro Sánchez quedaría fuera del Gobierno ante una repetición electoral, donde PP y Vox desbancarían al actual gobierno progresista. Sobre la ley de amnistía se han pronunciado en contra las cuatro asociaciones de jueces más representativas, incluida la progresista, fiscales, abogados del Estado y el mundo empresarial. Una ley que atenta claramente contra la división de poderes y la igualdad de los españoles ante la ley. Una ley que el mismo gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez tildaba de inconstitucional antes de las elecciones del 23-J. La cesión al independentismo para garantizarse la investidura deja al estado de Derecho muy tocado e indefenso ante nuevos golpes de Estado. La eliminación de la sedición y la reforma del delito de malversación dejan al Estado sin instrumentos legales ante nuevos intentos de subvertir el orden constitucional, como el que ocurrió el 1-O. En cualquier negociación para llegar a algún tipo de acuerdo, las partes han de ceder hasta conseguir un objetivo común. En este caso, las cesiones han venido únicamente por parte del Gobierno que no solo convierte en constitucional una ley que no lo era y que traerá a España a un fugado de la justicia con delitos muy graves, como el señor Carles Puigdemont sino que crea una España con ciudadanos de primera y de segunda, y donde algunas comunidades como la Comunidad Valenciana seguirán a la cola en las inversiones del Estado e infrafinanciada. El siguiente paso a la ley de amnistía será el referéndum de independencia. Los independentistas no han renunciado a la celebración de un referéndum pactado con el Estado, incluso por la vía unilateral, como sigue defendiendo Junts que ya ha pedido una reunión con el Gobierno antes del mes de diciembre. Va a ser muy complicado para el actual Gobierno avanzar en la legislatura, aprobando leyes, incluido los PGE, con unos socios que lo único que quieren es la ruptura con España y donde la gobernabilidad del país les es absolutamente secundario e irrelevante.